En medio de un creciente debate sobre el impacto ambiental y social de las actividades agroindustriales en México, el caso de las megagranjas porcícolas de Kekén en Yucatán ha vuelto al centro de la discusión pública. Mientras la empresa ha sido nuevamente reconocida con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), organizaciones civiles y comunidades locales cuestionan severamente los efectos que estas operaciones han tenido sobre el territorio, el agua y la salud de poblaciones mayas en la región.
Reconocimientos bajo la lupa
Grupo Porcícola Mexicano, mejor conocido como Kekén, ha recibido por novena ocasión el distintivo ESR otorgado por la Fundación del Empresariado Yucateco (FEYAC), una mención que busca destacar a empresas comprometidas con prácticas sostenibles, éticas y socialmente responsables. Sin embargo, este reconocimiento ha sido severamente cuestionado por organizaciones como Greenpeace México, que denuncia que las prácticas reales de la empresa distan mucho de lo que el distintivo promueve.
De acuerdo con el informe “La carne que está consumiendo al planeta” publicado por Greenpeace en 2020, al menos tres de las plantas productoras de Kekén operan dentro de Áreas Naturales Protegidas, mientras que otras doce se ubican en zonas catalogadas como suelo de conservación, según el Ordenamiento Ecológico Territorial de la Península de Yucatán. Estas ubicaciones, lejos de ser incidentales, tienen implicaciones serias para los ecosistemas y el futuro hídrico de la región.
Comunidades sin consulta ni consentimiento
Uno de los puntos más sensibles señalados por organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos es la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades mayas afectadas. En testimonios recabados por Greenpeace, habitantes de municipios cercanos a las granjas de Kekén señalan que nunca fueron informados ni mucho menos tomados en cuenta para decidir sobre la instalación de estos complejos industriales en sus tierras.
Esta omisión constituye una violación directa al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, reconocido tanto por la Constitución Mexicana como por tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Además, según los mismos testimonios, también se han visto afectados derechos básicos como la salud, el acceso al agua limpia y un medio ambiente sano.
Silencio ante los cuestionamientos
Ante la publicación del informe, Greenpeace solicitó a Kekén información detallada sobre los análisis y descargas de aguas residuales en sus plantas, con el fin de verificar si realmente se cumple con los parámetros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996. Hasta el momento, la empresa no ha emitido una respuesta pública ni ha proporcionado los datos solicitados.
Mientras tanto, comunidades como Homún, Kinchil y Sitilpech, entre otras, continúan enfrentando los efectos de estas operaciones: contaminación de cenotes, malos olores, proliferación de plagas y afectaciones en la salud de los habitantes. En algunos casos, las comunidades han emprendido acciones legales para frenar la expansión de estas megagranjas, aunque el proceso ha sido largo, complejo y con un alto costo social.
El dilema del modelo productivo
El caso de Kekén no solo pone en tela de juicio la validez de los distintivos empresariales, sino también abre un debate más profundo sobre el modelo de producción alimentaria que se está impulsando en el país. ¿Es sostenible seguir promoviendo un sistema intensivo y extractivo, basado en el uso intensivo de recursos naturales y el desplazamiento de comunidades? ¿O es momento de replantear hacia un modelo agroecológico que respete los derechos humanos, la biodiversidad y el tejido social de las regiones?
Organizaciones como Greenpeace abogan por una transición hacia modelos más justos, donde la producción de alimentos no represente una amenaza para los pueblos originarios ni para los ecosistemas. “Es urgente repensar nuestras formas de consumo y producción. No podemos seguir premiando a empresas cuya huella ambiental y social contradice los principios que deberían defender”, señalan desde la organización.
Un llamado a la transparencia y la justicia ambiental
Más allá del debate entre percepciones y certificaciones, lo que está en juego en Yucatán es el equilibrio entre desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad ambiental. Las voces que se alzan desde las comunidades afectadas y desde la sociedad civil exigen respuestas claras, medidas concretas y, sobre todo, un respeto irrestricto a sus derechos fundamentales.
Mientras tanto, la historia continúa escribiéndose entre reconocimientos oficiales y realidades locales, entre comunicados institucionales y denuncias ciudadanas. La pregunta que queda en el aire es simple pero contundente: ¿quién está escuchando verdaderamente a las comunidades?
